Misión Verdad
Lo que comenzó como una protesta por las reformas tributarias a la seguridad social del Estado nicaragüense, se transformó en una afrenta ultraviolenta por intentar un golpe de Estado al gobierno de Daniel Ortega.
No es una casualidad que haya sucedido esa transformación en el seno de las protestas violentas en Nicaragua, pues el análisis convida a señalar que el guión de revolución de color, inaugurado por Gene Sharp y actualizado en los últimos tiempos, se está aplicando en el país centroamericano de la misma forma que se dio en Venezuela entre abril y julio de 2017.
Claro que el contexto nicaragüense actualiza los mismos métodos usados en distintos puntos del planeta. Y las verosimilitudes con respecto a lo que sucede en Nicaragua y lo que fue en Venezuela el año pasado refieren que en ambos países se forjaron escenarios distintos.
Origen y mutación del golpe de color nicaragüense
Todo comenzó con unas protestas en el marco de las reformas tributarias a la seguridad social hechas por el Estado, capitaneada por el Consejo Superior de la Empresa Privada. Al principio las manifestaciones reclamaban la derogación de aquellas enmiendas, en franco apoyo a la agenda empresarial contraria al gobierno de Daniel Ortega.
De un día a otro, bajo los recursos de trancas viales y barricadas cerca de edificios gubernamentales, vinieron los heridos y los primeros muertos endosados a Ortega y las fuerzas de seguridad estatales. El Instituto de Seguridad Social y el Estado nicaragüense cedieron ante las demandas, pero ya el curso de las acciones violentas en la calle parecía irreversible.
Y, de hecho, fue así. En comparación con Venezuela, donde las protestas comenzaron supuestamente por las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que luego fueron modificadas, Nicaragua se ha sumido en la violencia aún cuando las demandas de la oposición fueron escuchadas e incluso acatadas hasta cierto punto.
Los líderes de la oposición de ambos países, que tienen los mismos financistas y estrategas en Estados Unidos y toda su burocracia íntimamente ligada a las corporaciones, no buscaron una salida negociada a los conflictos sino que abiertamente escalaron sus discursos y acciones hacia una oleada de violencia instrumentada para presionar al Estado a entregar el poder (por las malas).
Por ello mismo, lo que sucede en Nicaragua en estos momentos se analiza como un golpe de Estado en curso.
Esta revolución de color, o golpe de color como lo llama el analista ucraniano Rotislav Itschenko, pasó a una fase armada en el momento en que la tensión en las calles comenzaron a escalar. Las tensiones en los presentes acontecimientos en el país centroamericano tomaron un carácter paramilitar en este tipo de golpe.
La mano estadounidense
El financiamiento de instituciones íntimamente conectadas al establishment político de los Estados Unidos a organizaciones de la llamada «sociedad civil» y ONGs de Nicaragua es conocido de antaño. La denominada Nica Act aprobada por el Congreso estadounidense, y propulsada por Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires (del lobby anticubano y antivenezolano de la Florida), da rienda suelta a que el presupuesto de Washington se asigne a grupos supuestamente no partidistas en el país centroamericano.
Nada más, en 2016, la USAID entregó 31 millones de dólares a los antisandinistas en ONGs y otros grupos para «desarrollar las capacidades para la defensa de la sociedad civil». En un análisis anterior decíamos que ese dinero pudo haber sido usado para «promocionar foros y actividades académicas, pero también para dar asesoramiento en cómo enfrentar a las fuerzas de seguridad y hacer uso de bandas criminales con una presencia notoria en el país».
La misma USAID condena las supuestas «atrocidades» hechas por el gobierno de Ortega contra su pueblo, y la Casa Blanca decidió restringir el visado a ciudadanos nicaragüenses como medida de presión diplomática y también rechazó las muertes homologándolas todas al jefe del Estado.
De la misma manera que lo hizo con Venezuela, financiando a la oposición y sus ONGs, junto a los grupos violentos tildándolos de «sociedad civil», Estados Unidos se involucra cada vez más en el escenario nicaragüense. Un reforzamiento de la Nica Act más otras sanciones están en la mesa del Congreso gracias al cabildeo de los grupos de presión que tienen intereses en ver salir al sandinismo del poder.
¿Defensa civil o ejército mercenario?
Las técnicas y armas usadas en las protestas violentas de la oposición en Nicaragua guardan profundas semejanzas con lo que vimos en Venezuela durante 2017. Fuimos testigos de cómo un ejército mercenario de carácter terrorista, como lo declarara en su momento el general Vladimir Padrino López, nacía a los ojos de todos los venezolanos.
En el país centroamericano ocurre de manera similar. Se trata de grupos entrenados para afrontar un choque contra las fuerzas de seguridad, producir incendios en infraestructuras gubernamentales y hasta ataques ataques y robo a hospitales por parte de esos contingentes beligerantes.