En abril del año en curso, los cintillos de los periódicos y medios informativos mundiales reportaron el estallido de una “revolución” en Nicaragua contra el gobierno del Frente Sandinista encabezado por el comandante Daniel Ortega. Hasta entonces y por 11 años, el gobierno de ese país, legítimamente elegido, en elecciones supervisadas por organismos regionales, había ejecutado un amplio proyecto para reducir la pobreza, insalubridad y analfabetismo existente, también numerosos programas sociales en beneficio de la población rural y urbana. Carreteras, caminos, acueductos y un amplio sistema eléctrico fueron construidos y un sólido frente social, con la participación de los sindicatos, los empresarios y el Estado reguló las relaciones económicas y políticas entre ellos, priorizando el beneficio de los sectores pobres y desprotegidos del país.
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