
Prensa Latina
La compañía de cruceros Carnival Cruise Lines es hoy el primer blanco de demandas tras la activación en Estados Unidos del Título III de la controvertida Ley Helms-Burton contra Cuba.
Varios medios reportaron que este jueves, en un tribunal federal de
la ciudad de Miami, se interpusieron dos acciones legales contra la
compañía con sede en el sureño estado norteamericano de Florida, luego
de que la administración de Donald Trump autorizó la realización de
tales procedimientos.
La Helms-Burton, que fue aprobada por el Congreso estadounidense en
1996, codifica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por
Washington hace casi 60 años contra la isla.
Pese a su entrada en vigor en ese momento, todas las administraciones
desde entonces suspendieron la aplicación del Título III de esa ley, el
cual permite a nacionales estadounidenses demandar a quienes
‘trafiquen’ con ‘propiedades norteamericanas’ en Cuba.
A través de tal mecanismo se da la posibilidad de promover una acción
en las cortes norteamericanas contra personas y entidades, incluso de
terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades
nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.
Según indican los textos de las reclamaciones de esta jornada, uno de
los demandantes es Javier García Bengochea, quien es identificado en el
documento como propietario del puerto de la oriental provincia de
Santiago de Cuba.
La otra demanda está presentada a nombre de Havana Docks Corporation,
una compañía que dice ser ‘propietaria legítima de ciertos bienes
inmuebles comerciales’ en el Puerto de La Habana, la cual pertenece a
Mickael Behn.
Esta mañana por primera vez el gobierno norteamericano le ha dado la
oportunidad a estas personas de presentar una demanda en una corte de
Estados Unidos, expresó Bob Martínez, abogado de ambos reclamantes, a
periodistas en la entrada del tribunal, según citó la agencia AFP.
Varios expertos legales sostienen que el alcance de la aplicación del
Título III, el cual ha sido rechazado por numerosos sectores
estadounidenses y por muchas naciones, dado su carácter
extraterritorial, dependerá de la interpretación que hagan los
tribunales del lenguaje de la normativa.
Robert Muse, abogado experto en leyes relacionadas con la isla,
manifestó en una reciente entrevista con Prensa Latina la posibilidad de
que aerolíneas o empresas estadounidenses de cruceros que tienen ya una
amplia actividad en el territorio vecino no corran el peligro de tener
que cumplir con una demanda.
Ello se debe a una provisión del título mediante la cual se establece
que no constituyen ‘tráfico’ las transacciones relacionadas con viajes
legales a Cuba, lo cual podría ser el caso de las actividades de esas
firmas que cuentan con licencias de la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del Tesoro.
La activación del mencionado acápite de la Ley Helms-Burton forma parte de la agresiva política asumida por la administración Trump contra el territorio antillano, y tiene como objetivo fundamental desestimular la inversión extranjera en la isla, cuyo Gobierno ha reiterado que la legislación es inaplicable.
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