No puede hablar de derechos humanos y democracia un país cuyo sistema electoral es corrupto por naturaleza y tiene un gobierno de millonarios, destinado a aplicar medidas salvajes contra las familias de menos ingresos, los pobres, las minorías y los inmigrantes. Un país en el que, en las campañas electorales y los procesos políticos, no hay límites éticos, se promueve el odio, la división, el egoísmo, la calumnia, el racismo, la xenofobia y la mentira. En el que el dinero y los intereses corporativos son los que definen quién será electo.
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